“Si las guerras pueden comenzar con mentiras, la paz bien puede comenzar con la verdad”.

El 8 de marzo de 2019, los analistas de un comando militar estadounidense localizado en la millonaria península de Catar se encontraban observando una calle de un pueblo pobre en Siria a través de imágenes de alta definición captadas por un dron inteligente. En la conversación que quedó grabada, los analistas reconocieron que la multitud estaba compuesta mayormente por niños y mujeres.

A un costado, un hombre portaba un arma, pero todo parecía desarrollarse de forma tranquila. Hasta que una bomba de 220 kilogramos fue arrojada desde un poderoso F-15E, justo sobre la multitud. Doce minutos más tarde, cuando los sobrevivientes de la primera bomba comenzaban a correr o a arrastrarse, el mismo avión arrojó dos bombas más, esta vez de una tonelada de explosivos cada una y a un costo de un millón de dólares por explosión.

A 1870 kilómetros, en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del ejército estadounidense en la base de Al Udeid en Catar, los oficiales observaron la masacre en vivo. Alguien en la sala preguntó, sorprendido, de dónde había partido la orden. Al día siguiente, los observadores civiles que llegaron al área encontraron casi un centenar de cuerpos destrozados de niños y mujeres.

La organización de derechos humanos Raqqa Is Being Slaughtered publicó algunas fotos de los cuerpos, pero las imágenes satelitales sólo mostraron que donde cuatro días atrás había un barrio modesto sobre el río Eufrates y en un área bajo el control de la “coalición democrática”, ahora no quedaba nada. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se negó a explicar el misterio.