Seguinos en las redes:

Jueves 19/11/2026
X
RADIO EN VIVO
Mundo

19/11/2026

La Corte Internacional de Justicia determina que Myanmar es responsable de genocidio contra los rohinyás

De acuerdo al tribunal, se calcula que alrededor de 10.000 rohinyás fueron asesinados durante las operaciones de limpieza, haciendo referencia a pruebas que lo corroboran

El jueves pasado, la Corte Internacional de Justicia anunció que Myanmar (anteriormente Birmania) es responsable de genocidio en contra de la comunidad rohinyá en 2017, en un fallo sin precedentes, siendo la primera ocasión en que se establece que un país ha llevado a cabo este crimen.

Según el tribunal, se estima que unos 10.000 rohinyás fueron asesinados durante las operaciones de limpieza, citando evidencias que sustentan esta afirmación.

"La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine, en violación de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio", declaró el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yuji Iwasawa, según informó DW.

Iwasawa ordenó que Myanmar compensara a la comunidad rohinyá por la violenta represión de 2017 debido a "los perjuicios ocasionados por las violaciones de sus obligaciones… en la medida que tales daños no puedan ser subsanados mediante la restitución".

El principal tribunal de la ONU también ha solicitado una investigación para identificar a quienes facilitaron el genocidio, con el objetivo de procesar y sancionar a los involucrados, cuando sea pertinente.

Como reacción a la decisión, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, comentó: "Este es el fallo claro de la Corte Internacional de Justicia. Después de años de negación, impunidad y encubrimiento de la verdad, esta resolución representa un histórico y contundente reconocimiento de las atrocidades sufridas por los rohinyás y un raro momento de justicia para los sobrevivientes, las víctimas y sus familias".

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró la sentencia como un "fuerte reconocimiento hacia las víctimas rohinyás del genocidio. Representa un logro de la justicia internacional y reafirma que la impunidad ante actos tan atroces no debe prevalecer".

Las operaciones de limpieza de 2017 generaron una amplia condena internacional tras la fuga de aproximadamente 700.000 rohinyás del norte del estado de Rakáin hacia Bangladés", informó la ONU.

Dentro de las medidas de reparación, el tribunal instruyó a las autoridades birmanas a asegurar y facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados por la ofensiva de 2017, tanto dentro como fuera del país, así como garantizar la reunificación de las familias que fueron separadas.

Además, se exigió a Birmania devolver o reemplazar las propiedades individuales y colectivas que fueron perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y asegurar la rehabilitación física y psicológica de aquellos afectados que sufrieron lesiones o traumas mentales.

Asimismo, la CIJ instruye a Birmania a indemnizar a la comunidad rohinyá y a sus miembros por los daños que no puedan ser reparados a través de estas medidas de restitución, como la entrega de sus propiedades.

En relación con la indagación de los delitos, la Corte instruyó al Gobierno de Birmania adoptar acciones "inmediatas y eficaces" para investigar a todas las personas que tienen sospechas razonables de haber realizado actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y, cuando sea necesario, condenarlas y castigarlas.

El tribunal también solicitó a Birmania que implemente leyes que aseguren el cumplimiento de sus compromisos internacionales y proporcionar "garantías de no repetición" para evitar que ocurran violaciones similares en el futuro.

La decisión establece la responsabilidad internacional de Birmania como nación, aunque no implica una condena penal individual de determinados militares o líderes, lo cual la CIJ requiere que realice el propio Birmania tras esta resolución.

La ofensiva militar en 2017 provocó el desplazamiento masivo de la comunidad rohinyá, un grupo musulmán que ha sufrido discriminación y restricciones de derechos en Birmania durante décadas.