Estaciones de Servicio aceleran gestiones por los cortes de GNC y piden revisar el esquema de contratos

Llevaron reclamos al Congreso, al Ente Regulador y a la Secretaría de Energía para que se expliquen las interrupciones en el suministro de gas natural. Solicitan precisiones técnicas, eventuales compensaciones económicas y una actualización del sistema contractual vigente.

La falta de suministro de gas natural comprimido en distintas regiones del país activó una serie de presentaciones formales por parte de entidades que nuclean a Estaciones de Servicio. La Federación de Entidades de Combustibles elevó notas a la Comisión de Energía de Diputados y del Senado, al Ente Nacional Regulador del Gas y a la Secretaría de Energía con pedidos de informes y solicitudes de revisión del esquema vigente.

El planteo gira en torno a la afectación de empresarios que cuentan con contratos catalogados como firmes, modalidad por la cual se abona un cargo adicional destinado a garantizar continuidad del suministro mediante reserva de capacidad. En distintos episodios recientes, aseguran, se habrían aplicado restricciones sin una explicación detallada sobre la causa técnica o normativa que habilitaría ese tipo de interrupción.

La entidad solicita que el Poder Ejecutivo informe si las medidas adoptadas respondieron a situaciones de emergencia operativa o fuerza mayor debidamente declaradas. En caso contrario, pide que se evalúe un mecanismo de compensación económico a través de las distribuidoras que intervienen en la cadena de abastecimiento. El requerimiento incluye además conocer el orden de prioridades aplicado durante los cortes y los criterios utilizados para administrar la demanda.

En paralelo, la FEC requirió al organismo regulador precisiones sobre la trazabilidad de las decisiones operativas, la eventual afectación de usuarios interrumpibles previos a cualquier restricción sobre contratos firmes y la existencia de instrumentos formales que respalden las medidas adoptadas. El sector sostiene que la previsibilidad del suministro resulta determinante para la operatoria de las bocas de expendio y para actividades industriales que dependen del gas como insumo energético.

“Las gestiones buscan abrir una instancia de revisión institucional sobre el funcionamiento del sistema de abastecimiento y sobre eventuales mecanismos de compensación cuando se verifique la afectación de contratos que implican pago de reserva de capacidad”, dijo a Surtidores el presidente de la entidad Juan Carlos Basílico.

Por otro lado, desde las demás instituciones empresarias del rubro, insistirán en modificar la vigencia del esquema contractual que divide entre modalidades firmes e interrumpibles. Al respecto, el presidente de CEPASE, Pedro Llorvandi sostuvo a este medio que esa estructura responde a una etapa del sistema energético signada por limitaciones de abastecimiento y fuerte dependencia de importaciones, situación que difiere del actual presente productivo.

Por ello, el representante de Santiago del Estero informó que el diseño regulatorio requiere actualización. “Hace dos décadas el país tenía restricciones de gas y se adoptaron criterios que hoy no reflejan la realidad actual del sistema”, señaló.

Agregó que la expansión de la producción local modificó el escenario energético y que las reglas vigentes deberían adecuarse a ese cambio. “Hoy hay disponibilidad de gas y se necesitan estructuras más acordes a la situación actual. Estamos en diálogo con el ENARGAS para tratar estos puntos”, indicó.

Desde la Cámara de Expendedores de GNC, su presidente Pedro González destacó a este medio que una parte importante de la red ya migró hacia contratos firmes, lo que redujo el impacto de cortes en zonas de alta demanda. Sin embargo, advirtió que la situación no es homogénea en todo el país.

Señaló que en el Área Metropolitana de Buenos Aires predomina la modalidad firme, mientras que en distintas regiones del interior persisten esquemas interrumpibles que dejan a estaciones expuestas a interrupciones durante picos de consumo. También afirmó que en algunos casos la continuidad de contratos menos protegidos responde a decisiones de cada operador.

El dirigente añadió que en ciertos distritos la baja adhesión a contratos firmes incide directamente en la interrupción del servicio en períodos críticos, lo que deriva en cierres temporales de estaciones.

Finalmente, todos concluyeron en la necesidad de garantizar previsibilidad operativa para sostener un servicio considerado clave en la movilidad urbana y en el abastecimiento energético de múltiples regiones del país.