05/10/2020
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, afirmó este lunes que son "completamente infundadas" las acusaciones en su contra, sostuvo que nunca incumplió "deber funcional alguno" y se consideró "blanco de una persistente campaña de desprestigio"
"Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno", expresó el magistrado.
"Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada”, agregó el juez en la nota.
El presidente de la Corte defendió su voto al afirmar que "los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el '2x1' (tanto en 'Muiña' como en 'Batalla') encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos". "La Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país", agregó.
En su escrito, Rosenkrantz también rechaza los cuestionamientos de Siley referidos a su actuación en los expedientes "Blaquier" y "Amelong".
"Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza", escribió el presidente de la Corte en la nota que difundió hoy.
La legisladora apoyó su planteo en la actuación de Rosenkrantz en la causa de la "Noche del Apagón" del Ingenio Ledesma y en los "compromisos políticos y económicos" del magistrado "con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar".
"Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo 'Muiña' (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del 2x1) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas", detalló.
"Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución", agregó.
Entre otras objeciones, Rosenkrantz señala que Siley lo acusa de haber frustrado "gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente".