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28/09/2026

El Gobierno y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión de servicios hasta 2049: se esperan inversiones por USD 600 millones

Al cabo de un proceso de negociación, el gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión del servicio aeroportuario en 35 aeropuertos de todo el país.

El acuerdo fue oficializado este lunes a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.

La concesión original vencía en 2038 y se extenderá hasta 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056. A cambio, la empresa realizará inversiones por USD 600 millones, tres cuartas partes de las cuales deberán completarse antes de 2031.

El acuerdo se basa en la extensión y excluye aumentos de tarifas o limitación de inversiones, debido al impacto que estas medidas tendrían sobre los usuarios y el servicio aeroportuario.

Concesión y rentabilidad de la inversión

Las partes coincidieron que la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de turno produjeron un desequilibrio real y extraordinario que requería un esfuerzo compartido de las partes. La renegociación se estructuró sobre una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%, de modo de recomponer el equilibrio económico-financiero pero ajeno a un concepto de rentabilidad garantizada. Según el gobierno, ese valor plasma de manera objetiva el esfuerzo de ambas partes para alcanzar un equilibrio y su impacto positivo sobre la política económica

Según el gobierno, la empresa pretendió inicialmente extender la concesión por 30 años, prorrogables por otros 10 más, lo que la llevaba hasta 2078, pero análisis técnicos, económicos y financieros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la agencia reguladora oficial de la actividad aeroportuaria, determinó una extensión hasta el 13 de febrero de 2049.

A cambio, y teniendo en cuenta estándares de calidad y seguridad del servicio aeroportuario y la proyección de tráfico aéreo futuro se aumentó en USD 600 millones -IVA incluido- la obligatoriedad de inversiones siempre manteniendo el equilibrio de la ecuación económica-financiera y su amortización.

Según la decisión administrativa, solo en función de ello se prevé una ampliación del plazo de 7 años adicionales para amortizar las obras, la que queda sujeta, en los términos previstos en el acuerdo, al cumplimiento de dos condiciones.

La primera es que antes del 30 de junio del 2027, la empresa demuestre, mediante informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, contar con fondos disponibles para cumplir con un programa de inversiones de 600 millones de dólares.

La segunda es que esas inversiones estén finalizadas en al menos un 75% antes del 31 de diciembre de 2031.