La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) y advirtió que podría penalizar económicamente a los funcionarios por cada día de demora.

Se trata de la segunda medida judicial presentada este año ante el incumplimiento de la ley, la primera fue a finales de marzo, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país.

Se trata de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes. Sin embargo, no fue aplicada hasta el momento.

En los últimos días, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a 23 días de paro en todo el país como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre.

En este contexto, el magistrado Cormick dejó en claro que entendía que el gobierno nacional le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.

“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostiene el documento.

En octubre del año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una batalla en los tribunales para que Milei cumpla con la LFEU. El 23 de diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar para que el gobierno pagara lo que adeudaba.

La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En tanto, el 25 de junio pasado, la Corte ratificó –con su habitual parsimonia– lo que había resuelto Cormick.

El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el gobierno iba a transferir 24,33% a las universidades para el pago de salarios –21% en junio y un 3% adicional en octubre–, se comprometía a actualizar en un 20% los gastos de funcionamiento y a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el gobierno nacional presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del gobierno no convenció al juez, que el 1 de septiembre rechazó la pretensión de la administración libertaria. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar regiría hasta tanto dictara una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.

Tanto el 1 como el 17 de septiembre hubo reuniones entre el Gobierno, gremios y universidades, pero en ninguno de los encuentros se llegó a acuerdo alguno. La semana pasada, Capital Humano presentó un escrito en el que afirmaba que los sueldos docentes habían aumentado un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de este año.

Desde el CIN respondieron que el Gobierno intentaba engañar al juez: que la única oferta que había hecho desde que comenzó la gestión fue la de junio y que ni siquiera había terminado de pagarla. Según los cálculos de las universidades, hay un desfasaje del 35%.