22/09/2026
La Fiscalía aclaró que la imputación por presunta asociación ilícita se suma, en concurso real, a las estafas investigadas.
Los tres acusados fueron notificados del encuadre legal y optaron por no ampliar sus declaraciones.
La investigación por el presunto desfalco a Fürth Automotores registró un nuevo movimiento procesal. La fiscal Victoria Ledesma notificó formalmente a Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano una precisión sobre los cargos que se les atribuyen: la figura de asociación ilícita concurre de manera real con las estafas que ya se investigaban en la causa.
Según el encuadre comunicado por la Fiscalía, Caro, exgerente de la concesionaria, está imputado como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita, en concurso real con estafas continuadas. Llado, exjefe de Ventas, y Moyano, excajera, fueron imputados como presuntos miembros de esa organización, también en concurso real con las estafas investigadas. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas en el proceso judicial.
La aclaración se formalizó mediante actas de declaración de imputado y con la presencia de los abogados defensores. Los tres tuvieron la posibilidad de expedirse sobre el nuevo encuadre, pero ninguno optó por ampliar su declaración. Luego, la documentación fue incorporada al legajo de la causa.
La audiencia que definirá la situación de los tres imputados
El siguiente paso está previsto para el miércoles 23 de septiembre, cuando se tratará el pedido de prisión preventiva de Caro, Llado y Moyano. La audiencia había sido fijada originalmente para el jueves 17, pero fue suspendida tras la ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal. En la nueva instancia, la Fiscalía expondrá los fundamentos de su solicitud y las defensas podrán presentar sus objeciones.
La causa comenzó a partir de la denuncia por presuntas maniobras fraudulentas en la concesionaria. Entre los hechos bajo investigación figuran operaciones de venta de vehículos y pagos que, según la hipótesis fiscal, no habrían sido registrados correctamente. La responsabilidad de cada imputado y el alcance del perjuicio económico aún deben determinarse judicialmente.
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