La Corte revisa un fallo clave por femicidio en Mendoza

A diez años del femicidio de Julieta González en Mendoza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver si mantiene la condena a prisión perpetua contra Andrés Di Césare y, sobre todo, qué alcance tendrá en adelante la figura penal de femicidio en la jurisprudencia argentina.

González fue asesinada la noche del 21 de septiembre de 2016. Por ese crimen, los tribunales mendocinos condenaron a Di Césare a la pena máxima, al considerar que se trató de un femicidio, una calificación agravada que se incorporó al Código Penal en el contexto de la lucha contra la violencia de género y de los reclamos del movimiento de mujeres y diversidades.

El caso llegó ahora al máximo tribunal, que deberá definir no solo sobre la validez de la condena, sino también sobre la interpretación del agravante de femicidio: si su aplicación debe quedar restringida a relaciones de pareja o ex pareja, o si corresponde sostener una concepción más amplia, que contemple asesinatos de mujeres cometidos en contextos de violencia machista, aunque no exista vínculo afectivo previo.

Organizaciones de derechos humanos piden una interpretación amplia

La trascendencia de la decisión motivó la intervención de reconocidas organizaciones de la sociedad civil, que se presentaron como amicus curiae ante la Corte. Entre ellas figuran ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, Mujeres por Mujeres, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Fundeps.

Estos organismos advirtieron que una lectura restrictiva de la figura de femicidio, limitada exclusivamente a vínculos de pareja o ex pareja, implicaría un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y diversidades, y podría dejar sin respuesta penal adecuada otros crímenes atravesados por la violencia de género.

Reclaman que se mantenga la perspectiva de género en la interpretación del Código Penal.

Alertan sobre el impacto que tendría el fallo en causas futuras de violencia contra las mujeres.

Las organizaciones sostienen que el femicidio debe abarcar todo asesinato de mujeres motivado por razones de género, más allá del vínculo entre víctima y agresor.

La definición que adopte la Corte Suprema será observada de cerca por el movimiento de mujeres, por la comunidad jurídica y por los tribunales de todo el país, ya que sentará un precedente sobre cómo se juzgan los crímenes contra mujeres en la Argentina. A una década del asesinato de Julieta González, el caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre la violencia de género y el rol del Estado en su prevención y sanción.