15/09/2026
Las leyes 27.821 y 27.822, publicadas en el Boletín Oficial, disponen la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de un nuevo cargo de juez y la conformación de dos salas, y crean una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para aliviar la carga de trabajo judicial
El Poder Ejecutivo nacional promulgó y publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.821, mediante la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se organizará en dos salas permanentes para atender las causas del fuero federal en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Con esta promulgación oficial, el tribunal de alzada inicia el plazo formal de noventa días para dictar su propio reglamento de funcionamiento y el régimen de subrogancias en supuestos de licencias, vacancias o recusaciones.
Uno de los puntos centrales del texto publicado radica en la creación de una sexta vocalía para el tribunal, condicionada a la disponibilidad de recursos. El artículo segundo de la norma establece: “Créase un (1) cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, elevando su integración total a seis (6) miembros, imputándose el gasto correspondiente al presupuesto general del Poder Judicial de la Nación. El Magistrado que se designe para cubrir dicho cargo tomará posesión del mismo una vez acreditada la existencia del crédito presupuestario correspondiente”.
Hasta que se acrediten esas partidas presupuestarias y se sustancie el concurso de designación, la ley fijó un esquema operativo de transición con los cinco magistrados actuales: Fernando Poviña -en la presidencia-, Ricardo Sanjuán, Patricia Moltini, Marina Cossio y Mario Leal. Cada sala funcionará con dos miembros y ambas compartirán la presidencia común del quinto magistrado, quien actuará indistintamente en cualquiera de ellas únicamente cuando surja una discrepancia de criterios y resulte necesario dirimir una mayoría en la resolución judicial.
El origen de esta reforma institucional se remonta a las iniciativas parlamentarias presentadas en el Senado por las representantes tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, a las que se sumó el catamarqueño Guillermo Andrada. Los proyectos señalaban que, desde la ampliación del tribunal a cinco integrantes en 1990 y el posterior traspaso de causas previsionales, la exigencia de reunir al menos tres votos coincidentes en cada expediente prolongaba los tiempos de resolución frente al incremento sostenido de la litigiosidad.
El principal beneficio de la nueva estructura consiste en descongestionar el trámite procesal y acortar los plazos para los justiciables en materias previsional, penal, civil y tributaria. Al adoptar la división en salas -un modelo que ya rige en las cámaras federales de Salta, Córdoba, Mendoza, Rosario y La Plata-, el tribunal busca descentralizar el estudio de las causas y evitar dilaciones derivadas de la intervención obligada del cuerpo en pleno. Fuente: (La Gaceta)