24/07/2026
El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para las provincias y comenzó a ocupar un lugar central en las negociaciones entre los gobernadores y el Gobierno nacional
El estado de corredores estratégicos se convirtió en uno de los principales reclamos provinciales ante Nación. Santa Fe asumirá durante 20 años la administración de la Ruta A012 y el modelo podría extenderse a otros puntos del país.
El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para las provincias y comenzó a ocupar un lugar central en las negociaciones entre los gobernadores y el Gobierno nacional. Accidentes, baches, obras paralizadas y problemas para el transporte de cargas forman parte de un escenario que afecta tanto a la seguridad vial como a la actividad productiva.
Uno de los casos más recientes se produjo en la Ruta Nacional A012, en Santa Fe, un corredor estratégico para el movimiento de la producción agroindustrial. Un choque entre dos camiones provocó importantes demoras y volvió a poner en discusión las condiciones de una traza por la que circula buena parte de las cargas destinadas a los principales puertos del país.
En ese contexto, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron un acuerdo para que la provincia asuma durante los próximos 20 años la administración, mantenimiento, rehabilitación y ejecución de nuevas obras sobre la A012. La Nación conservará el dominio público y la jurisdicción federal de la ruta.
El esquema podría replicarse en otras provincias. El Gobierno nacional analiza acuerdos similares para corredores de Río Negro y proyecta transferir la operación de más de mil kilómetros de rutas nacionales. Algunos gobernadores consideran que hacerse cargo podría acelerar las reparaciones, aunque reclaman recursos y condiciones claras para evitar que las provincias reciban trazas deterioradas sin financiamiento suficiente.
Otra alternativa impulsada desde Nación es avanzar con concesiones privadas. El plan contempla miles de kilómetros distribuidos en diferentes provincias y prevé tareas de mantenimiento, bacheo, conservación y nuevos puntos de peaje. Sin embargo, uno de los cuestionamientos es que los contratos tendrían una limitada incorporación de nuevas obras de infraestructura.
El panorama vial genera preocupación en distintos puntos del país. Informes técnicos advierten sobre problemas de pavimento, señalización y banquinas en una parte importante de la red federal. Además, durante los últimos años quedaron paralizadas o demoradas obras sobre corredores utilizados diariamente por vehículos particulares y transporte pesado.
La problemática adquiere una dimensión económica debido al crecimiento previsto de la producción argentina. Las cargas transportadas por los principales sectores podrían pasar de unos 128 millones de toneladas actuales a cerca de 194 millones hacia 2035, impulsadas especialmente por el agro, la minería y los hidrocarburos.
Especialistas también advierten que postergar el mantenimiento puede terminar generando un costo considerablemente mayor. Mientras una intervención preventiva requiere una inversión relativamente acotada por kilómetro, reconstruir completamente una ruta deteriorada puede demandar varios millones de dólares.
A la cuestión económica se suma la seguridad vial. Durante 2025 se registraron 4.060 fallecidos en 3.255 siniestros viales en la Argentina y más de la mitad de los hechos fatales ocurrieron sobre rutas nacionales o provinciales. Si bien las causas de los accidentes son múltiples, las malas condiciones de la infraestructura pueden incrementar los riesgos para quienes circulan.
El deterioro se observa en numerosos corredores del territorio nacional. Existen reclamos por las rutas 3, 5, 7 y 33 en Buenos Aires; las rutas 9 y 60 en Córdoba; la 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero; la 121 en Corrientes; la 14 en Misiones y diferentes tramos estratégicos de las rutas 3, 40 y 151 en la Patagonia.
En el norte también existen inconvenientes. En Jujuy se reportaron problemas sobre la Ruta 34, mientras que en Formosa la Justicia Federal ordenó realizar trabajos urgentes de reparación y mantenimiento sobre sectores de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95.
La discusión por las rutas ocurre, además, en medio de una negociación política más amplia entre la Casa Rosada y los gobernadores. El Ejecutivo necesita acuerdos legislativos durante el segundo semestre, mientras las provincias reclaman fondos, continuidad de obras y respuestas sobre infraestructura.
En ese escenario, el modelo implementado con Santa Fe aparece como una posible salida para corredores que requieren intervenciones urgentes. La discusión ahora estará centrada en quién asumirá el costo de las reparaciones y bajo qué condiciones podrán las provincias hacerse cargo de rutas que continúan perteneciendo a la órbita nacional.
Advierten que más del 70% de las rutas nacionales ya está en mal estado
La política de ajuste sobre la obra pública comienza a mostrar sus efectos sobre una de las infraestructuras estratégicas del país. Un nuevo relevamiento elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advierte que más del 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, como consecuencia del deterioro acumulado, la falta de mantenimiento y la paralización de las inversiones destinadas a la red vial.
El documento sostiene que la situación atraviesa a todas las provincias y vincula el deterioro de la infraestructura con el proceso de desfinanciamiento que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al que califica como el más profundo de las últimas décadas. Además, alerta sobre las consecuencias que esta política puede tener para la seguridad vial, el transporte de cargas y la actividad productiva.
Siete de cada diez rutas presentan deterioro
Entre los principales datos del relevamiento, FEPEVINA señala que actualmente más del 70% de la red vial nacional presenta tramos en estado regular o malo, una proyección elaborada a partir del seguimiento realizado por el gremio sobre el terreno y de los últimos registros oficiales disponibles. El informe también advierte que las mediciones completas sobre el estado de los pavimentos llevan más de dos años sin actualizarse, por lo que el escenario podría ser aún más crítico.
El deterioro no solo incrementa los costos de circulación y transporte, sino que también reduce la velocidad promedio de circulación, aumenta la congestión y eleva el riesgo de siniestros viales. Según el documento, la infraestructura vial constituye un factor determinante para prevenir accidentes y minimizar sus consecuencias sobre la vida de las personas.
A ello se suma una advertencia económica: por cada peso que no se invierte a tiempo en mantenimiento, posteriormente será necesario destinar entre tres y cinco veces más recursos para reconstruir los pavimentos deteriorados.
Presupuesto congelado y obras paralizadas
Otro de los puntos centrales del relevamiento apunta a la ejecución presupuestaria. FEPEVINA sostiene que, al cierre del primer semestre de 2026, solo se había devengado el 33,6% del presupuesto asignado a Vialidad Nacional y apenas el 27,5% había sido efectivamente pagado, pese a que ya había transcurrido la mitad del año.
El documento agrega que los programas vinculados a obras de seguridad vial y mantenimiento de puentes y alcantarillas registran 0% de ejecución, mientras que dos de cada tres pesos previstos para infraestructura permanecen sin utilizar.
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