FATE desvinculó a los últimos empleados que resistían el cierre

La historia industrial de FATE llegó a su fin con el envío de los últimos telegramas y se abonaron el total de las indemnizaciones a los trabajadores que aún permanecían enfrentados con la empresa tras el cierre anunciado en febrero.

La fabricante de neumáticos, fundada el siglo pasado, se consolidó durante décadas como uno de los referentes fabriles del conurbano bonaerense y cerró así un proceso que incluyó ocupación de planta, audiencias oficiales, expedientes judiciales y una disputa política que trascendió a la compañía.

FATE, que contaba con 920 empleados al momento del cierre, finalizó su actividad tras un conflicto que, en realidad, fue la expresión local de una crisis estructural: la combinación de pérdida de competitividad, costos internos en aumento, cambios tecnológicos y la transformación global del mercado del neumático. Según ejecutivos de la empresa, “enfrentada a la realidad de tener costos mucho más altos que los precios de los neumáticos provenientes de China, ya no pudo sostener las pérdidas económicas acumuladas, ni las que vendrían”. La mayoría de los trabajadores –casi 800– aceptó acuerdos voluntarios de desvinculación; el resto fue notificado en la última etapa.

El gobierno de Javier Milei optó por no intervenir para sostener la operación industrial, no establecer barreras comerciales para proteger la producción local ni instrumentar mecanismos de auxilio estatal que, en otros ciclos, se habrían activado de manera casi automática.

En la Casa Rosada consideraron que el caso FATno era una excepción, sino una prueba para el nuevo esquema económico. La postura oficial había quedado clara semanas antes, cuando Milei cuestionó en Nueva York a empresarios que reclamaban protección frente a la apertura de importaciones: “Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de... bueno, pongan ustedes el título. Están reclamando cazar en el zoológico”. En el ámbito empresario, la frase fue interpretada como una señal de que el Gobierno no actuaría como en el pasado, que llegó a preservar estructuras consideradas inviables.

El ingreso de neumáticos importados, especialmente de China, alteró la ecuación del negocio. Por volumen, financiamiento, productividad y escala, los fabricantes asiáticos fijaron precios imposibles de igualar para una planta local con estructura pesada, litigiosidad laboral y distorsiones macroeconómicas acumuladas. En ese contexto, la empresa sostuvo que la actividad había dejado de ser sustentable bajo las nuevas reglas del mercado.

La compañía también señaló al conflicto sindical como factor agravante. Para los ejecutivos de FATE, el Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino, liderado por Alejandro Crespo, terminó de algún modo por “conspirar contra todo atisbo de progreso y sentido común”. SUTNA, organización identificada con la izquierda trotskista, representa actualmente a cerca de mil trabajadores del sector y ha protagonizado algunos de los conflictos laborales más duros de los últimos años.

La relación entre FATE y el sindicato se encontraba deteriorada desde hacía tiempo. El sector del neumático sufrió paros, bloqueos y negociaciones tensas que afectaron el abastecimiento y la producción. Para la dirigencia gremial, esas medidas fueron respuestas legítimas ante intentos patronales de ajustar salarios y condiciones laborales. Para las empresas, en cambio, representaron costos crecientes en una industria cada vez más presionada.

En la etapa final, la disputa se intensificó. La empresa aseguró que ofreció indemnizaciones al 100%, incluso bajo la ley laboral anterior, más onerosa. FATE buscó instalar que propuso una salida económicamente favorable para los empleados y acusó al sindicato de haber radicalizado el conflicto por razones políticas: “Desde el primer día hizo todo lo posible para sabotear el proceso. Tomaron la planta –que aún hoy continúa usurpada– y escalaron la disputa a un conflicto inexistente”.

Según FATE, se generaron expectativas infundadas entre los operarios: “Instalaron en la gente la ficción de volver a producir, de reabrir una planta que no puede vender sus productos”. El grupo remanente, integrado principalmente por delegados sindicales, continuó reclamando la reapertura, pero finalmente recibió los últimos telegramas y el proceso quedó limitado a la discusión judicial sobre la validez de los despidos y eventuales indemnizaciones adicionales.