Transporte: la nueva norma que acelera el paso de colectivos a GNC

La publicación de la nueva resolución en el Boletín Oficial (6/2026) marca un punto de inflexión en la política de transporte público al incorporar de manera explícita al gas natural comprimido dentro de la estructura de costos reconocida para los servicios de colectivos. La norma, que se enmarca en los esquemas de subsidios vigentes —el SISTAU y el CCP—, abre la posibilidad de una transición energética orientada por la competitividad y la eficiencia operativa.

La resolución no se limita a una actualización técnica: introduce una nueva lógica al poner a las tecnologías alternativas en pie de igualdad con los combustibles tradicionales. Establece parámetros específicos de consumo, costos y rendimiento para unidades propulsadas a gas, de modo que el GNC deja de ser una opción marginal y pasa a integrar la ecuación económica del servicio.

El texto normativo toma como antecedente los lineamientos aplicados en la Ciudad de Buenos Aires, donde el uso de gas en colectivos ya forma parte de una estrategia de transición. El Gobierno nacional replica ese modelo y lo proyecta a escala federal, adoptando los valores técnicos y económicos definidos en esa jurisdicción como referencia transitoria hasta la consolidación de indicadores propios.

El propósito es explícito: reducir los costos operativos del sistema sin comprometer la prestación del servicio. En un contexto de presión fiscal y necesidad de racionalizar subsidios, el GNC aparece como una alternativa viable frente al gasoil, no solo por su menor costo relativo, sino también por su estabilidad frente a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

La inclusión del GNC dentro de los componentes reconocidos por el SISTAU y el CCP introduce señales económicas concretas. Las empresas que opten por incorporar unidades a gas pueden mejorar su estructura de ingresos, ya sea por menores costos de combustible o por un reconocimiento más eficiente en el reparto de subsidios. En la práctica, esto funciona como un incentivo directo a la reconversión de flotas.

El impulso regulatorio encuentra respaldo en una infraestructura que presenta un grado de desarrollo relevante. Actualmente, circulan en el país cerca de 260 buses a GNC, una cifra incipiente pero en crecimiento sostenido. Además, existe una red de 259 estaciones de servicio habilitadas para el abastecimiento de transporte pesado, de las cuales 181 cuentan con surtidores de alto caudal, permitiendo tiempos de carga compatibles con la operación intensiva de colectivos.

Durante años, la logística de abastecimiento fue una de las principales barreras para la adopción del GNC. La ampliación de estaciones preparadas para grandes volúmenes y la incorporación de tecnología de carga rápida atenúan esa limitación y facilitan la expansión de la tecnología.

En paralelo, los “Corredores Verdes para el Transporte Público de GNC”, impulsados por el Ente Nacional Regulador del Gas, complementan este escenario al buscar consolidar una red estratégica de abastecimiento a lo largo de los principales ejes urbanos e interurbanos. La iniciativa apunta a garantizar disponibilidad de combustible para flotas de gran porte y favorecer la expansión del gas como vector energético.

Desde la perspectiva económica, el diferencial favorable del gas es determinante: comparado con el gasoil, el GNC ofrece costos más bajos y mayor previsibilidad. Al reconocer esa ventaja dentro del esquema de subsidios, el Estado no solo promueve una alternativa energética, sino que también procura mejorar la sustentabilidad financiera del sistema.

En términos ambientales, el GNC presenta menores niveles de emisiones contaminantes respecto de los combustibles líquidos. Si bien no alcanza los estándares de cero emisiones que propone la electrificación, se posiciona como una solución intermedia que permite reducir el impacto ambiental sin requerir inversiones tan elevadas ni transformaciones estructurales profundas en la operación. (Fuente: Los Primeros)