¿Bomba de tiempo?: El sistema de ART al borde del colapso por un récord histórico de demandas

Durante el transcurso del año pasado, se tramitaron más de 134.000 expedientes judiciales, lo que arroja una media de 370 demandas diarias. El sector advierte que, para poder afrontar este nivel de conflictividad, las cuotas que abonan las compañías tendrían que incrementarse en un 80%.

Este lunes 19 de enero de 2026, se conoció que la cantidad de litigios contra el sistema de riesgos del trabajo alcanzó una cifra récord. Mientras la administración de Javier Milei acelera el diálogo legislativo para sancionar la reforma laboral en febrero, los datos oficiales respaldan la postura oficial sobre el desborde de la judicialización. El 2025 concluyó con un máximo histórico de presentaciones contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), alcanzando los 134.141 casos, un volumen que superó cualquier estimación previa.

De acuerdo a un relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el ingreso de demandas en los tribunales entre enero y diciembre representó una suba del 6,4% en comparación con 2024. No obstante, el indicador más preocupante se dio en el tramo final del año, donde la actividad litigiosa se disparó un 12% interanual.

Este fenómeno impacta severamente en la actividad productiva. Las prestadoras señalan que el esquema actual es insostenible y que, para solventar este volumen de reclamos, la alícuota promedio debería saltar del 2,85% al 5,15% de la nómina salarial, un valor que frena la creación de empleo registrado. Mara Bettiol, presidenta de la UART, calificó la cifra como injustificada y denunció que el proceso judicial se convirtió en una práctica masiva que beneficia principalmente a los intermediarios.

El análisis de la UART también expone que el empleado solo percibe el 55% del monto final de las sentencias, mientras que el 45% restante se consume en honorarios profesionales, peritajes y costos de mediación. Esta situación se ve agravada por la falta de cuerpos médicos especializados y la disparidad en las tasas de interés que aplican los magistrados, lo que genera una gran incertidumbre económica y deudas difíciles de afrontar para las empresas.