14/01/2026
El natatorio del Instituto Nacional de Deportes fue clausurado por la muerte de un joven pero tiempo después lo volvieron a reabrir
El natatorio del Instituto Nacional de Deportes (IND), ubicado en calle Congreso 600, en Barrio Sur, fue clausurado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por no contar con la habilitación municipal, lo que constituye una falta grave. Sin embargo, el establecimiento contaba con una autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección General de Salud Ambiental del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).
La habilitación provincial se concedió mediante la Resolución N°492/DGSA-2025, firmada el 22 de diciembre de 2025, que autorizaba al “Natatorio Climatizado Instituto de Natación y Deportes” a operar hasta el 15 de julio de 2026. El permiso indicaba que las dos piscinas del lugar, de 275 m³ y 27 m³, cumplían con los requisitos técnicos y que el agua estaba dentro de los parámetros bacteriológicos exigidos por la normativa. Además, el expediente registraba documentación sobre seguros, análisis de agua y habilitación de guardavidas.

Esta autorización provincial se emitió un mes después de la muerte de Gabriel Sebastián Palavecino, un joven de 32 años con retraso madurativo que asistía a clases de natación por indicación médica con fines terapéuticos. Según la investigación y las cámaras de seguridad, Gabriel permaneció sumergido durante más de cinco minutos sin recibir ayuda y fue retirado de la pileta ya sin signos vitales. La autopsia confirmó que falleció por asfixia por inmersión. La familia del joven presentó una denuncia penal por presunto abandono de persona contra los responsables del natatorio, alegando que no había guardavidas presentes en el sector donde ocurrió el hecho.
A pesar de contar con el aval de SIPROSA, casi dos meses después la Municipalidad clausuró el natatorio por no tener la habilitación municipal en regla, un requisito independiente del permiso provincial. De este modo, el establecimiento queda en una situación contradictoria: mientras el organismo sanitario avala su funcionamiento, el municipio lo mantiene cerrado por cuestiones administrativas.
El caso genera debate sobre la coordinación entre los distintos niveles de control y la seguridad de los usuarios en espacios públicos y privados, especialmente tras una tragedia de estas características.