04/12/2025
La reconstrucción a exponerse este jueves en la séptima audiencia detalla no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios señalados
El juicio por los cuadernos de Oscar Centeno retomará este jueves con uno de los tramos más esperados por las partes: la lectura de la valoración fiscal sobre los dichos de los imputados colaboradores, un capítulo central en la acusación por el sistema de recaudación ilegal que, según la fiscalía, operó entre 2003 y 2015 desde el Ministerio de Planificación.
El Tribunal Oral Federal Nº 7 avanzará desde las 9 de la mañana con la última parte del tercer requerimiento de elevación a juicio, un fragmento de 47 páginas donde la fiscalía detalla cómo funcionó —según su reconstrucción— un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal.
La audiencia de este jueves se retoma luego del intento fallido de recusación de Julio De Vido, que consumió casi cuatro horas del debate previo y fue rechazado por inadmisible.
La valoración fiscal aborda la credibilidad y el contenido de los dichos de los arrepentidos, y sostiene la existencia de un mecanismo dual de recaudación:
Funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas.
Intermediarios financieros que articulaban retornos ligados a grandes obras públicas del período.
Según la fiscalía, esta operatoria quedaba probada al enlazar comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y participación de funcionarios en cada episodio
El análisis sobre las empresas involucradas
El dictamen fiscal cuestiona la actuación de firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR, a las que acusa de integrarse a un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones, licitaciones, plazos, certificaciones, gestiones regulatorias y pagos demorados.
Hasta ahora, el juicio se concentró en relatar hechos y describir actores. Lo que viene es el ensamble probatorio que, según el fiscal Carlos Stornelli, sostiene la acusación más contundente: la existencia de una estructura delictiva centralizada, cuyos fondos habrían llegado al departamento de la calle Uruguay o a la Quinta de Olivos, donde el secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido dinero en nombre de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo.
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