20/05/2024
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Jan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Nentanyahu;su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, entre otros.
El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, afirmó en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los "motivos razonables" para creer que "tienen responsabilidad penal" en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad "cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre".
Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif'; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por "responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina" desde el 7 de octubre.
El Estatuto de Roma, pieza clave del Tribunal Penal Internacional (TPI), estableció que la corte no puede juzgar a ningún acusado "in absentia", por lo que es necesario que los acusados se sienten físicamente en el banquillo y respondan en persona por los crímenes imputados, de forma que la detención se vuelve imprescindible.
No obstante, la corte no cuenta con una institución propia que pueda ejecutar el arresto, por lo que dejó esta responsabilidad en mano de los Estados miembro. Actualmente son 124 países los que se han suscrito al Estatuto de Roma, aunque entre ellos no están Israel ni Estados Unidos.
Asimismo, el TPI tiene pendiente la detención de más de una decena de personas que acumulan un total de más de 200 cargos vinculados a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil, la región sudanesa de Darfur y Ucrania.
Cabe destacar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es uno de los protagonistas de la "lista negra" del tribunal y sobre él pesa una orden de arresto desde marzo de 2023 por el traslado de niños ucranianos.
El tribunal de justicia internacional ha reconocido que cuando dicta una orden de arresto, con indicios "razonables" para acusar a un individuo de determinados delitos, requiere de la colaboración de los países para concretar la detención y que, de hecho, no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma para arrestar a un prófugo.
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